28 de julio de 2022
A la Federación de ONGs de Pacientes le preocupa que se sigan administrando medicamentos que no cumplen con garantías mínimas de calidad.
El pasado 8 de julio, la Sala Constitucional declaró parcialmente un recurso de amparo para que el Ministerio de Salud garantizara, en el plazo de seis meses, que 73 principios activos que contienen cientos de medicamentos genéricos tienen la misma biodisponibilidad que los originales.
La resolución de los magistrados N. 2022-015645 es el resultado de un recurso de amparo interpuesto por la Federación ONG ́s de Pacientes Costa Rica con apoyo del TCU 758 de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La resolución dicta:
“Para que, en el plazo de seis, contado a partir de la notificación de esta sentencia, se garantice que los fármacos que se encuentran en el listado priorizado de principios activos de riesgo sanitarios contenidos en medicamentos multiorigen cumplan las pruebas de bioequivalencia necesarias para certificar su eficiencia, seguridad y calidad”.
Sin embargo, en el comunicado MS-DRPIS-1285-07-2022, emitido la semana pasada por el Ministerio de Salud, la entidad no obedece la sentencia de la Sala, al ordenar que solo los medicamentos genéricos nuevos o que renueven su registro deberán contar con estudios y no los que ya se están utilizando.
Entre ellos se encuentran, medicamentos para tratar el cáncer, enfermedades autoinmunes, anticoagulantes, analgésicos, antisicóticos y diversos antibióticos.
De esta manera, el comunicado dicta: “Que, en cumplimiento de la sentencia referida, para todos los medicamentos que se solicite o renueve su registro sanitario a partir del 18 de enero de 2023 y que contengan un principio activo del listado priorizado, deben presentar los requisitos de bioequivalencia”.
Para Tatiana Villegas, miembro de la Federación de ONGs de Pacientes de Costa Rica, esta interpretación del Ministerio de Salud deja a los costarricenses en una situación de vulnerabilidad. Esta es una posición compartida por el colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, según el criterio técnico brindado, donde recalcan la necesidad de que los medicamentos cuenten con estas pruebas en procura de la protección de la salud de la población.
“No es posible que los pacientes en Costa Rica estemos recibiendo medicamentos que no cumplen con garantías mínimas de calidad para asegurar la eficacia y seguridad de los productos que nos provee la CCSS o que compramos en las farmacias privadas; pero además, no es posible que haya una sentencia de la Sala que ordene los estudios y, que Salud diga que ¡No!, que los estudios solo se van a solicitar estudios a los nuevos medicamentos genéricos” afirmó en forma enfática, Tatiana Villegas.
De acuerdo con la presidenta de la Federación, la decisión del Ministerio de Salud dejaría en el mercado costarricense, cientos de fármacos que ya se encuentran comercializan en el país y que no han demostrado su eficacia y seguridad; estos medicamentos podrían ser suministrados a los pacientes hasta por cinco años más.
“La Sala Constitucional ha reconocido en múltiples ocasiones una violación al derecho a la salud de los costarricenses, debido a la omisión del Ministerio de Salud de garantizar medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la población”, agregó por su parte el Dr. Freddy Arias, asesor de la Federación, farmacéutico y coordinador del TCU 758 de la UCR.
En la misma sentencia, la Sala también había condenado al Estado “al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratorio, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.
La resolución también recordó a la jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón y a la presidenta del Consejo Técnico de Inscripción de Medicamentos, Priscilla Herrera, la exposición a prisión en caso de incumplir con la orden.
“Desde la Federación de ONGs de Pacientes que representa más de 40 organizaciones de pacientes de Costa Rica, esperamos que el Ministerio de Salud rectifique su posición y cumpla cabalmente con lo ordenado por la Sala Constitucional en defensa de la salud de la población costarricense”, puntualizó la representante de la Federación.
La dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud envía el siguiente comunicado:
